Manifestación

Piden enviar a juicio al municipal acusado de herir a un niño con una bomba de estruendo

El episodio ocurrió durante una protesta del Suoem, el año pasado. La madre del menor denunció que su hijo resultó lesionado y que posteriormente recibió burlas.

El fiscal Raúl Garzón solicitó al juez de Control enviar a juicio al empleado municipal del Centro de Participación Comunal (CPC) de Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba, acusado de intimidación pública agravada y lesiones luego de que un niño resultara herido al recibir el impacto de una bomba de estruendo durante una protesta del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem).

De acuerdo a lo que informó La Voz, el incidente tuvo lugar en noviembre del 2020, mientras la madre del pequeño y su hijo iban rumbo al Hospital Infantil y se cruzaron con los manifestantes.

«Estábamos yendo al Hospital Infantil, veo que vienen y tenía miedo de cruzarme con ellos, venían tirando bombas de estruendo, insultando, gritando, espero a que doblen y tiraron una bomba de estruendo que quema a mi nene en la parte de la costilla. Lo agarré, le levanto la camisa y estaba sangrando», había relatado por entonces Laura Lescano, en diálogo con El Doce.

La mujer manifestó que en el momento pudo identificar a la persona que arrojó el artefacto explosivo y que al increparlo recibió burlas. «Inmediatamente veo al que le había tirado, los insulto, se rieron, se burlaron, me empezaron a gritar ‘vieja de mierda’, también mujeres que estaban ahí. Eran del Sueom porque el único cartel que había era del Sueom», relató. Y agregó: «Fui con la Policía y me dicen que no podían hacer nada. Que tenían la orden de no decirles nada, mientras rompen toda la ciudad».

Luego del episodio, la madre del menor realizó una denuncia penal para que se identifique a los supuestos agresores.

El fiscal Garzón pidió elevar a juicio la causa contra el municipal, quien trabaja en el CPC de Pueyrredón, según explicó el abogado de la mujer, Carlos Nayi, a La Voz.

El hombre está imputado por el delito de intimidación pública agravada por el uso de explosivos (la escala penal va de tres a 10 años de prisión), lesiones culposas (de seis meses a cuatro años) y la violación al artículo 205 del Código Penal (trasgredir las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia).

«Es muy dura la acusación y tiene que ver con una de las tantas columnas que tomó por asalto a la ciudad de Córdoba por parte de estos violentos, que tiraron bombas de estruendo», dijo el letrado. «Interceptaron finalmente, entre tantos rehenes, a ciudadanos que van a trabajar o llevar a su hijo al médico», opinó.

Tras el estallido de dos bombas de estruendo, una de ellas, indicó el abogado, lesionó al niño en la parrilla intercostal. La mamá, embarazada de ocho meses, iba con el niño al médico, ya que padece un problema de crecimiento y en la médula.

El pedido de elevación a juicio del fiscal, para Nayi, «es un mensaje muy claro para esta gente de que ejercer el derecho de huelga no los habilita a asumir actitudes violentas. No hay derechos absolutos en la Argentina».